Llevamos varios meses trabajando para que la futura Ley de residuos y suelos contaminados sea lo más ambientalmente responsable posible. Hemos pasado por varias etapas en la tramitación de dicho texto, desde el estudio de los borradores y anteproyectos, la redacción de alegaciones, reuniones con los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, encuentros con los grupos parlamentarios, hasta la comparecencia en el Congreso.

Ayer tuvo lugar el antepenúltimo capítulo de este culebrón. La Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprueba, no sin dimes y diretes, la ponencia de la Ley tras la votación de más de 240 enmiendas parciales. Ahora, deberá ser publicada en el diario del Congreso para pasar al Senado. Lo sorprendente de todo ello ha sido ver como el texto de la nueva Ley de residuos ha ido evolucionando y como lo que a priori era poco relevante ha pasado a ser caballo de batalla.

Los grupos parlamentarios parece que han dejado para otra ocasión (más o menos para una década, que es cuando se tendrá que volver a revisar la nueva Ley) cuestiones cruciales para los que somos ciudadanos de a pie, como la reducción en la generación de residuos o la separación obligatoria de la materia orgánica. El debate y los principales escollos se centran actualmente en algunas de las alegaciones que hemos presentado los grupos ecologistas: el sistema de depósito y retorno de envases (SDDR) y las bolsas de plástico de un sólo uso.

Ambas cuestiones están siendo, dentro y fuera del Congreso, motivo de una agria discusión con los políticos, empresarios y los sistemas integrados de gestión de residuos de nuestro país. El problema, como siempre, el inmovilismo del sector, nadie parece dispuesto a perder bocado en el suculento pastel económico que suponen nuestras basuras. De nuevo escuchamos por parte de la industria la imposibilidad de asumir los cambios propuestos debido al elevado coste y a la pérdida de puestos de trabajo. Nosotros seguiremos hasta su aprobación en el Senado aportando datos objetivos y realizando informes que garantizan la oportunidad del cambio, bueno para el medio ambiente, la economía y para la creación de miles de nuevos empleos.

Algunas de nuestras propuestas, sí han entrado en el texto de la nueva Ley con cierto consenso. Es el caso de la encomienda para aplicar una tasa que desincentive la incineración y el vertido de residuos, y la inclusión de la certificación forestal en etiquetas y envases que garanticen que la materia prima (papel, cartón, corcho...) procede de bosques bien gestionados. Esperamos poder demostrar a sus señorías que la Ley necesita cambios ya que no nos podemos permitir perder otra década despilfarrando recursos naturales no renovables.